Hace cuarenta años, exactamente un 19 de mayo, se intentó asesinar al presidente Raúl Alfonsín mediante un potente artefacto explosivo colocado estratégicamente para detonar durante los ejercicios militares que presidía en el III Cuerpo de Ejército, con sede en la provincia de Córdoba.
En aquel entonces, las sentencias de prisión perpetua contra Emilio Eduardo Massera y Jorge Rafael Videla aún generaban profundo malestar en ciertos sectores de la oficialidad, mientras que las investigaciones judiciales por delitos de lesa humanidad continuaban causando inquietud en los cuarteles.
Desde septiembre de 1975, el III Cuerpo estaba bajo el control de Luciano Benjamín Menéndez, quien paulatinamente se convirtió en uno de los líderes más duros del Ejército y predominante en Córdoba, conocida popularmente como «La Docta».
Esa mañana del lunes 19 de mayo de 1986, pasadas las 10:30, el oficial principal del Comando Radioeléctrico, Carlos Primo, y el cabo Hugo Velázquez, ambos policías locales encargados de la inspección de rutina, observaron dos cables negros que sobresalían de una alcantarilla y se dispersaban entre los pastizales. El atentado fue frustrado cuando uno de ellos se alejó unos metros para orinar al aire libre, lo que permitió descubrir el artefacto antes de su activación.
Tras despejar la vegetación con sus botas, identificaron una bala de mortero calibre 120 milímetros, a la que estaban adosados dos kilos y medio de TNT junto a dos panes de trotyl de 450 gramos cada uno. Todo el conjunto estaba conectado a un detonador eléctrico con capacidad de activación remota. La experiencia, la logística militar y el conocimiento del terreno indicaban un solo objetivo: acabar con la vida de Alfonsín.
Minutos antes, el presidente, acompañado por el ministro de Defensa, Germán López, y el jefe del Estado Mayor General del Ejército, Héctor Ríos Ereñú, había aterrizado en la Escuela de Aviación Militar a bordo del avión presidencial Tango 01. Al mismo tiempo, soldados conscriptos de la clase 1967 y personal municipal intentaban cubrir con cal las amenazas pintadas en las inmediaciones del III Cuerpo, donde se evidenciaban grafitis con intimidaciones contra el líder radical.
El artefacto estaba ubicado a 35 metros de la «Mezquita», denominación con la que se conocía el centro de operaciones encargado de dirigir el operativo, que contaba con la presencia de Alfonsín tanto como presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, situación que molestaba profundamente a los sectores vinculados a la dictadura militar.
Gracias a la intervención de la Brigada Antiexplosivos, una semana más tarde se hizo detonar el dispositivo de manera controlada, constatándose el poder letal que habría tenido en caso de activación en el momento previsto: la explosión generó una columna de humo y tierra que se elevó a 600 metros y dejó un cráter de un metro por 1,20 de ancho y 20 centímetros de profundidad.
Miguel Ángel Arce, integrante de la Brigada de la policía provincial, afirmó con claridad que «nadie hubiera sobrevivido porque su efecto se habría proyectado en un radio de 150 a 200 metros a la redonda».
Esa misma noche, el 26 de mayo, Aníbal Verdura, comandante del III Cuerpo de Ejército, solicitó su relevo. En sus declaraciones a la prensa sostuvo: «Estoy un poco dolorido por haber terminado así mi carrera. Hay algo que no huele bien. Esto no es una bomba paracaidista, pero está claro que hubo una falta y tengo que asumirla».
En aquella semana, el miércoles 21 de mayo, Hugo del Carril recibió el título de Ciudadano Ilustre porteño manos del intendente Julio César Saguier en un Teatro Presidente Alvear colmado, en medio de una tensa calma económica. En ese momento, el Plan Austral, impulsado por el ministro Juan Vital Sourrouille, comenzaba a mostrar resultados con una tasa de inflación mensual en descenso, permitiendo a la primera gestión democrática respirar luego de diez años de inflación galopante. En 1986, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) marcó un récord al bajar hasta el 81,9 % anual, aunque aún elevado.
Aunque nunca se identificaron a los responsables del atentado, se conocía que provenían del Ejército. En ese contexto, las bombas y amenazas eran una constante. Por ejemplo, el 5 de mayo, un artefacto estalló en el estudio del senador peronista catamarqueño Vicente Leónidas Saadi, ubicado en Paraguay 1307. Once días después, nueve comités de la Unión Cívica Radical resultaron atacados con bombas: seis en la Ciudad de Buenos Aires y el resto en La Plata, Ramos Mejía y San Isidro. Afortunadamente, ninguno causó víctimas fatales, aunque todos provocaron daños materiales importantes.
La autoría del vandalismo fue atribuida en la calle a «la mano de obra desocupada», término que hacía referencia a los integrantes de los cuerpos paraestatales organizados bajo el Ministerio de Bienestar Social de José López Rega, que desde el golpe de 1976 operaban con impunidad, ejecutando actos de represión ilegal caracterizados por su violencia y saña. Estos grupos, hostiles a la democracia y las libertades individuales, representaban un peligro latente para el avance pacífico del país.
A pesar de la gravedad de los hechos, el viernes 23 de mayo Buenos Aires vivió una escena simbólica del cambio en marcha: decenas de miles