Las autoridades del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y funcionarios del Ministerio de Economía no han logrado llegar a un acuerdo sobre quién debe llevar adelante la privatización del canal de cine argentino CineAr TV y la plataforma de streaming CineAr Play.
En diciembre pasado, el presidente del INCAA, Carlos Pirovano, había asegurado que el proceso de licitación estaba casi listo y que la transferencia de estos medios se realizaría en abril de 2026. En ese momento, Pirovano indicó que se estaban afinando los últimos detalles de una «subasta» que podría generar un ahorro de un millón de dólares anual para el INCAA, además de ingresos adicionales por los derechos de exhibición de películas y series argentinas, según explicó en declaraciones a la prensa.
No obstante, fuentes cercanas al proyecto informaron a Clarín que surgieron «trabas burocráticas» que han retrasado la privatización. Desde el INCAA afirmaron que el gobierno nacional de Javier Milei decidió trasladar todo el proceso al Ministerio de Economía, encargado de las privatizaciones de empresas públicas. Sin embargo, la privatización de CineAr TV y CineAr Play fue postergada debido a que actualmente están concentrados en otras privatizaciones consideradas más urgentes, como las de Transener, Aysa, Intercargo, Enarsa, Corredores Viales y algunos ferrocarriles.
Por su parte, desde el Ministerio de Economía negaron esa versión y aclararon que el año pasado se planificó la privatización de un paquete de canales públicos agrupados en la empresa Contenidos Artísticos e Informativos, en la que Economía iba a participar. Posteriormente, esta iniciativa fue descartada y CineAr fue devuelto al INCAA para que realice la privatización por su cuenta, ya que se trata de una unidad de negocio del instituto y no de una empresa pública.
Mientras las distintas áreas del gobierno libertario se responsabilizan mutuamente por la demora en el proceso de privatización del sector audiovisual durante la administración de Milei, el interventor del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), Martín Ozores, se pronunció en contra de la iniciativa del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, de concesionar por cinco años dos radios y el Canal de la Ciudad.
Ozores intimó la semana pasada a Jorge Macri a suspender dicha licitación, argumentando que el proceso incumple la normativa vigente en el sector de comunicaciones audiovisuales, la cual prohíbe delegar la explotación del servicio. Advertenció que, de concretarse la adjudicación a una empresa privada, constituiría una falta grave sancionada con la caducidad de la licencia o registro.
En diálogo con Clarín, una fuente cercana a las autoridades del INCAA manifestó: «Nosotros ya tenemos todo listo, terminamos de recopilar la información sobre CineAr y CineAr Play para armar el pliego de licitación y entregarlo al sector privado antes de fin de año. Pero ya es un tema que nos excede», y lamentó la demora surgida en el seno del gobierno libertario.
La propuesta de privatización presentada por Pirovano contempla la transferencia del personal que trabaja en CineAr, así como de la marca y los derechos de exhibición del canal y la plataforma de streaming, que incluyen alrededor de 1.000 películas, cortometrajes y series. Se planea transferir a los 10 empleados que quedan en ambos medios, de los 40 que había hace poco más de dos años.
Actualmente, el INCAA cuenta con 250 empleados, frente a los 830 que tenía al inicio del gobierno de Milei.
Los anuncios de Pirovano sobre la privatización de CineAr y CineAr Play se realizaron en medio de intensas protestas de la industria del cine nacional. Trabajadores y entidades del sector llevaron adelante movilizaciones en la sede central del INCAA y manifestaron sus reclamos ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados.
En un comunicado conjunto, Argentores, Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica (CAIC) y otras asociaciones expresaron su “repudio absoluto a la clausura y privatización de CineAr TV y CineAr Play, la única vía gratuita para acceder al cine nacional a lo largo y a lo ancho del país”.
Además, señalaron que «en un contexto en el que las salas están monopolizadas por producciones internacionales, cerrar y privatizar estos espacios significa la negación de la diversa producción audiovisual nacional y el acceso de la sociedad a nuestra cultura».
Las autoridades del INCAA negaron que exista un plan para cerrar el canal de televisión y la plataforma de streaming, pero reiteraron la necesidad de privatizarlos, quitando funciones y recursos al organismo oficial, tras el recorte presupuestario y el despido de casi 600 empleados desde la asunción de la gestión libertaria.