La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, visitó este jueves el Ingenio La Florida, perteneciente a la Compañía Azucarera Los Balcanes, antes de regresar a Buenos Aires tras participar en los actos oficiales por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia en Tucumán.
Durante el encuentro, las autoridades de la empresa presentaron un video institucional sobre la historia y la actividad de Los Balcanes y expusieron un diagnóstico de la situación por la que atraviesa la industria azucarera. En la reunión enfatizaron la necesidad de avanzar con políticas públicas que fortalezcan la producción y mejoren la competitividad del sector.
Entre las principales preocupaciones planteadas a la vicepresidenta figuraron la incertidumbre por el abastecimiento de gas para la industria durante el invierno, las dificultades que afrontan las economías regionales y las asimetrías existentes entre el norte argentino y otras regiones del país.
Según informaron desde la compañía, Villarruel escuchó los reclamos de los representantes del sector y manifestó su compromiso de recibirlos nuevamente para continuar trabajando en estas problemáticas. Además, expresó su voluntad de impulsar el tratamiento de una nueva Ley de Biocombustibles, iniciativa considerada estratégica para la agroindustria sucroalcoholera y para las provincias productoras de bioetanol.
Este respaldo de la vicepresidenta llega en un momento en que el Senado retomó el debate para establecer un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles. La discusión volvió a la agenda tras la presentación de un proyecto oficialista, mientras que la exsecretaria de Energía Flavia Royón impulsó una propuesta alternativa.
En ese contexto, el secretario de Energía de la Nación, Daniel González, reconoció durante el debate la necesidad de actualizar la legislación vigente para incrementar el porcentaje de mezcla de biocombustibles con combustibles fósiles y manifestó su apoyo a la iniciativa promovida por el oficialismo.
La propuesta del Gobierno obtuvo el respaldo de los sectores productores de etanol, tanto de caña de azúcar como de maíz, además de las empresas integradas de biodiésel. En cambio, las principales objeciones provinieron de las empresas no integradas y de las pymes del sector biodiésel, que plantearon la conveniencia de mantener el esquema actual de distribución y el nivel de corte vigente. Como alternativa, propusieron elevar la mezcla al 15%, preservando el 7,5% de participación que actualmente corresponde a las pequeñas y medianas empresas.