A horas del inicio del juicio oral y público por la sustracción de Loan Danilo Peña, el Tribunal Oral Federal de Corrientes mantiene firme su decisión de permitir la participación de solo dos fiscales, a pesar de la complejidad del caso y la gran cantidad de imputados, lo que ha tensado al máximo la relación con los acusadores.
El conflicto está siendo analizado por la Cámara Federal de Casación y será nuevamente tema de discusión en la apertura del debate, prevista para este martes.
Aunque en al menos otros tres juicios se autorizó la participación de más de dos fiscales, los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco comunicaron recientemente al fiscal general Carlos Schaefer que no podrá sumar a cinco fiscales auxiliares, tal como se había planteado en la audiencia preliminar del 27 de febrero pasado.
Todo indica que Emilia Sánchez Lafuente, Nancy Vargas García, María Soledad Branchi, Juan Mariño Fages y Gabriel Romero Olivello deberán esperar el fallo de Casación para saber si podrán intervenir en la causa.
La respuesta de los fiscales Schaefer y Tamara Pourcel no se hizo esperar: presentaron un nuevo recurso ante Casación, solicitando una tramitación urgente.
Los fiscales sostienen que, durante la audiencia preliminar, el Tribunal no se pronunció sobre la participación del equipo fiscal, ya que en esa oportunidad les comunicaron que la convocatoria tenía por objeto organizar el debate y que no se adoptarían otro tipo de resoluciones.
Para Schaefer y su equipo, esa ausencia de pronunciamiento “convierte en una resolución infundada y arbitraria” la limitación impuesta para el juicio oral. Señalan que esto queda demostrado con solo revisar el video de la audiencia.
Al fundamentar el pedido de revisión de la polémica decisión, los fiscales argumentaron que debe revertirse porque “afecta críticamente los intereses generales de la sociedad que esta parte representa, así como los derechos de las víctimas, al restringir infundadamente las facultades y atribuciones que la normativa vigente otorga al acusador público”.
“Entendemos que la controversia no se limita a un aspecto meramente organizativo vinculado con la integración e intervención de esta representación fiscal en el debate oral, sino que involucra directamente las condiciones bajo las cuales se ejercerá la acción penal pública en un proceso de singular trascendencia”, añadieron.
Los fiscales indicaron que, en su momento, remitieron tres prontas comunicaciones para solicitar precisiones sobre la participación del equipo y que recién el 8 de junio pasado los jueces respondieron que ello se había resuelto en la audiencia preliminar, pese a que nunca fundamentaron el rechazo a la participación de los fiscales auxiliares.
Aclararon que la incorporación del equipo no busca obtener una ventaja procesal, sino ofrecer “una respuesta razonable frente a la complejidad del caso y los intereses de la sociedad, que tiene derecho a defenderse contra una conducta antijurídica grave».
Para ellos, esta situación repercute en los valores y principios consagrados en la Constitución Nacional, que apuntan a la defensa irrestricta del niño, la familia como célula fundamental de la sociedad, así como las garantías establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Asimismo, afirmaron que la presencia de siete fiscales “no afecta el derecho de defensa en juicio, la igualdad de armas ni el debido proceso legal, ni altera el equilibrio del debate”.
En sintonía, los abogados de la familia Peña también presentaron un recurso de Casación para revertir la medida.
Además de negar la participación de los fiscales auxiliares, el tribunal emitió una resolución que extiende hasta diciembre las prisiones preventivas de los ocho imputados que permanecen detenidos.
Siete personas están acusadas de haber tenido algún tipo de participación en la sustracción de Loan, ocurrida el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, pero seis serán trasladados a Corrientes para las audiencias.
Mónica del Carmen Millapi (37) fue autorizada a seguir las audiencias de forma remota desde Neuquén, donde cumple prisión domiciliaria desde finales de 2024.
Bernardino Antonio Benítez (39) y su esposa Laudelina Peña (47); el exmarino Carlos Guido Pérez (64) y su esposa María Victoria Caillava (54); Daniel “Fierrito” Ramírez (51) y el excomisario Walter Adrián Maciel (45) serán trasladados desde diferentes unidades penales para enfrentar una acusación que podría derivar en una condena de hasta 15 años de prisión.
También deberá afrontar un largo traslado Nicolás Gabriel Soria (44), un controvertido personaje acusado de entorpecer la investigación junto a otras nueve personas, además de presentarse como agente del FBI y de organismos de inteligencia norteamericanos.
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Loan desapareció cerca de las 14 del 13 de junio de 2024. Ese día decidió acompañar a su padre, José, hasta El Algarrobal, un paraje inhóspito donde reside su abuela Catalina Peña. Nadie sabía que el niño iba a visitar a su abuela, ya que fue una decisión de último momento.
Al llegar a la casa de la anciana, se enteraron de que ella había organizado un almuerzo comunitario en honor a San Antonio de Padua.
Al finalizar la comida, Benítez propuso ir a buscar naranjas a una tapera situada a unos 600 metros. Tras él se dirigieron Ramírez, Millapi y cinco niños. Laudelina y su hija llegaron hasta una tranquera y regresaron.
Una pericia realizada con perros entrenados para detectar olores permitió establecer que Loan estuvo en la camioneta y en un vehículo de