La Policía de la Ciudad desmanteló una megabanda que operaba un complejo entramado de estafas virtuales, incluyendo trading fraudulento, empresas fantasmas, cuevas financieras y una aplicación falsa para gestionar el dinero de las víctimas.
La investigación culminó con 21 allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires, donde se incautaron más de 250.000 dólares (172.000 en billetes y 80.000 en criptoactivos), vehículos y numerosos dispositivos electrónicos.
La organización estaba conformada por dos familias, de las cuales ocho miembros quedaron imputados. Además, fue detenido uno de los sospechosos que tenía un pedido de captura vigente en La Rioja.
La investigación cuenta actualmente con 200 víctimas de distintas provincias, aunque fuentes policiales estiman que esta cifra podría aumentar.
El caso se inició en 2023 tras una denuncia por estafa en Puerto Madryn. La denunciante invirtió más de 100 millones de pesos y, tras un período inicial de ganancias, el dinero nunca fue devuelto, lo que motivó la intervención judicial.
Los acusados ofrecían inversiones en sociedades fantasmas mediante la compra de acciones y también en empresas que cotizan en Bolsas reales. Para dar una apariencia de legitimidad, desarrollaron una aplicación fraudulenta en la que las víctimas veían supuestos movimientos financieros y rendimientos falsos de sus inversiones.
Este mecanismo recuerda a la estafa RainbowEx, detectada en San Pedro años atrás, en la que los inversores visualizaban incrementos ficticios en sus rendimientos.
Al intentar recuperar sus fondos, los afectados se encontraban con excusas relacionadas con “restricciones administrativas del Banco Central” que impedían realizar transferencias o movimientos de dinero.
La Policía de la Ciudad logró reconstruir la ruta del dinero digital y desvelar un elaborado esquema de lavado de activos. La organización convertía el dinero de las víctimas en criptoactivos y luego lo usaba para la compra de automóviles y la importación de electrodomésticos, los cuales eran vendidos posteriormente a través de plataformas online.
Uno de los imputados era responsable de crear empresas fantasmas. Otros dos se encargaban de establecer inmobiliarias que facilitaban la circulación del dinero a través de alquileres, mientras que más integrantes figuraban como propietarios de agencias de viajes y casas de turismo que funcionaban como cuevas financieras. Según fuentes policiales, este entramado permitía «blanquear el botín obtenido de las estafas».
Los allanamientos se realizaron en domicilios y oficinas que aparentaban ser agencias de viajes y casas de cambio, pero que en realidad eran centros operativos del grupo.
En total, se llevaron a cabo 12 allanamientos en barrios porteños como Monserrat, Retiro, Saavedra, Villa Urquiza, Flores, Balvanera y Belgrano, además de nueve en municipios bonaerenses como Ituzaingó, San Isidro, Merlo, Moreno, Morón, La Matanza y Almirante Brown.
Durante los procedimientos se secuestraron más de 172.000 dólares en efectivo, seis millones de pesos, criptoactivos por un valor aproximado de 80.000 dólares, cheques millonarios, vehículos adquiridos ilícitamente, notebooks, teléfonos celulares, discos rígidos, dispositivos de almacenamiento y documentación con anotaciones financieras.
Los operativos contaron con la colaboración de brigadas especializadas de la Dirección de Lucha contra el Cibercrimen, la División de Investigaciones Tecnológicas Especiales y la División de Innovación en Investigaciones Especiales.