En un operativo encabezado por agentes de la División Delitos Contra la Salud Pública, se clausuró un geriátrico ilegal en la localidad de Ezpeleta, Quilmes, bajo los delitos de Trata de Personas y Explotación Laboral. La acción se llevó a cabo siguiendo las estrictas normas dispuestas por el Ministerio de Seguridad de la Nación. En el procedimiento se logró rescatar a 25 ancianos que se encontraban hacinados y obligados a bañarse con agua fría.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, bajo la dirección del Dr. Luis Antonio Armella y la Secretaría Penal N° 3 a cargo del Dr. Maximiliano Iturburu. La denuncia señalaba posibles actividades ilícitas en un establecimiento ubicado en la calle Gualeguay al 5400, sugiriendo la existencia de un asilo de ancianos clandestino.
Las autoridades realizaron exhaustivas tareas de campo, confirmando la existencia del geriátrico ilegal, disimulado en una zona rural y oculto tras abundante vegetación. A pesar de haber sido clausurado el año pasado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el lugar continuaba operando en condiciones deplorables.
El magistrado ordenó un allanamiento inmediato, disponiendo el «Registro Domiciliario, Secuestro, Requisa Personal y Vehicular» para reunir pruebas relevantes. El procedimiento contó con la cooperación de varias entidades, incluyendo la Dirección de Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Salud y la Agencia de Fiscalización y Control Comunal del Municipio de Quilmes, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), y el Programa de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.
Durante el operativo, se identificó y notificó a una encargada del establecimiento y a su cocinera, quienes eran las únicas personas disponibles para la atención de los 25 pacientes. Las instalaciones no cumplían con las normas mínimas de seguridad e higiene, y las raciones de comida eran insuficientes. Las víctimas, en su mayoría con problemas cognitivos y de movilidad, estaban en condiciones de hacinamiento y falta de aseo personal.
El equipo interdisciplinario verificó el estado de salud física y mental de los ancianos, sin detectar signos de violencia física. Ante las condiciones encontradas, el magistrado ordenó el traslado de los ancianos con sus familiares. En casos donde esto no fue posible, se dispuso su reubicación en residencias geriátricas disponibles en PAMI, la Intendencia de Quilmes, o el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
La Judicatura actuante continúa con las investigaciones y medidas necesarias para garantizar la seguridad y bienestar de los afectados, así como para proceder con las acciones legales correspondientes contra los responsables del geriátrico ilegal.