A pesar de la incertidumbre sobre la decisión del Gobierno de frenar algunos pliegos judiciales que superaron la audiencia pública en el Senado, el oficialismo acelera la convocatoria a una sesión para aprobar la nómina de candidatos enviada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Sin embargo, este martes trascendió que podrían presentarse más aspirantes sin dictamen favorable de la comisión de Acuerdos para integrar la lista de 80 candidatos que ya pasaron por audiencia pública.
La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, aguarda que en las próximas horas el radicalismo le entregue una lista de candidatos sin las firmas necesarias para el dictamen. Desde la bancada liderada por el correntino Eduardo «Peteco» Vischi mencionan al menos seis postulantes en esta situación.
Entre estos se encuentran los jueces Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, propuestos para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico y que se han convertido en foco de controversias. Catania por sus vínculos con el kirchnerismo, y Galván Greenway debido a su fallo en el caso en el que Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la AFA, fue sobreseído por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Otro candidato que podría no llegar al recinto es el juez Juan Manuel Mejuto, postulado para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 de la Capital Federal. Su nominación generó tensiones y cuestionamientos entre el oficialismo y sus aliados por supuestos vínculos con el kirchnerismo. Patricia Bullrich y Juan Carlos Pagotto, presidente de la comisión de Acuerdos, expresaron sus dudas con varias preguntas durante la audiencia pública, y Bullrich aún no firmó su dictamen.
La lista que se entregaría a Bullrich incluye además a un candidato para la Cámara de Seguridad Social y otro para la Cámara de Apelaciones de la Capital Federal, aunque no se precisaron nombres ni motivos de los cuestionamientos.
Adicionalmente, el Gobierno pretende frenar el pliego de María Verónica Michelli, propuesta junto a Carlos Fabián Cuesta para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata. La postergación se atribuye a que Michelli es cuñada del periodista de La Nación Hugo Alconada Mon, quien informó sobre el escándalo cripto y su vinculación con el Presidente y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
En la misma sesión se intentará aprobar la creación de una nueva Cámara Federal de Apelaciones en Mar del Plata, iniciativa impulsada por el radical Maximiliano Abad, que recibió dictamen favorable este martes.
Por otro lado, el Senado emitió despacho de comisión en apoyo al acuerdo para pagar un total de 171 millones de dólares a un grupo de holdouts. Este proyecto sería incluido en la sesión convocada para el jueves 28 de mayo, junto con el proyecto sobre la inviolabilidad de la propiedad privada, cuyo dictamen el oficialismo espera obtener este miércoles.
La Casa Rosada logró revertir la controversia generada en el Congreso tras el convenio celebrado con los fondos buitre Bainbridge y otro consorcio encabezado por Attestor Value Master Fund. El proyecto, que debía tratarse en la sesión ordinaria del jueves pasado, volvió a comisión por modificaciones en uno de los anexos del documento.
Para aclarar detalles, el gobierno envió este martes al plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía a tres funcionarios clave en la negociación: el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio; el subprocurador Juan Ignacio Stampalija; y el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton.
Los funcionarios explicaron que el texto inicial contenía un error debido a una actualización en el listado de bonos durante el proceso de acuerdo. En el documento inicial se incluyeron montos correspondientes a bonos prescritos por la justicia de Estados Unidos, mientras que los bonistas añadieron otros bonos no contemplados previamente.
No obstante, aseguraron que el monto total no se modifica y se mantiene en 171 millones de dólares. También precisaron que el anexo incorpora la totalidad de bonos que el Estado argentino entregará.