La ministra de Seguridad impulsa una reforma que otorga amplias facultades a la Policía Federal, generando preocupación por la falta de controles y posibles violaciones a derechos fundamentales.
El Gobierno presentó un controvertido proyecto de ley impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que busca reformar profundamente la estructura y funciones de la Policía Federal Argentina (PFA). La iniciativa, cuyo texto trascendió en exclusiva a través del medio Ámbito, propone otorgar a la fuerza facultades muy amplias y polémicas, entre ellas la autorización para patrullar redes sociales y espacios digitales abiertos sin necesidad de autorización judicial previa.
Según el documento oficial, la reforma apunta a transformar a la PFA en una fuerza similar a un “FBI criollo”, especializada en la prevención, detección e investigación de delitos federales y complejos, además de colaborar en la desarticulación de organizaciones criminales. Para ello, se modificaría la Ley Orgánica de la Policía Federal (N° 21.965), ampliando las tareas de inteligencia criminal, que incluyen la recopilación, sistematización y análisis de información vinculada a actividades delictivas o riesgos para la seguridad interior.
El artículo más polémico es el inciso 11 del artículo 6, que habilitaría a la PFA a realizar tareas de prevención del delito en “espacios públicos digitales”, como redes sociales, sitios web públicos y otras fuentes abiertas, sin necesidad de orden judicial. Aunque el texto señala que estas actividades deberán respetar la protección de datos personales, la libertad de expresión, la intimidad y la privacidad, integrantes de las cúpulas policiales y expertos en derechos humanos alertaron sobre los riesgos de abusos y violaciones de derechos fundamentales.
Además, el proyecto contempla la posibilidad de realizar detenciones sin aprobación judicial cuando existan “circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiera cometer un hecho delictivo”, siempre que la persona no acredite fehacientemente su identidad. En esos casos, se permitiría conducirla a una dependencia policial por el tiempo mínimo necesario para verificar su identidad, con aviso posterior al juez en turno. Este punto también generó críticas por la ambigüedad y el riesgo de arbitrariedades.
Otra disposición preocupante es la facultad para “registrar y calificar a las personas dedicadas habitualmente a una actividad que la policía debe reprimir”, sin especificar ni delimitar claramente el alcance de dicha vigilancia. El inciso 12 amplía aún más las atribuciones, autorizando a la PFA a realizar “acciones necesarias para la prevención del delito y mantenimiento del orden público” en su ámbito, pudiendo ampliar esas tareas a pedido del Ministerio de Seguridad.
El proyecto despertó un intenso debate no solo en sectores políticos, sino también dentro de la propia Policía Federal, donde se cuestiona la magnitud y falta de controles sobre estas nuevas facultades. Defensores de los derechos civiles y organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación por el impacto que podría tener en la privacidad, la libertad de expresión y el respeto a la presunción de inocencia.
Mientras tanto, el Gobierno sostiene que la reforma busca modernizar la fuerza para enfrentar de manera más eficaz la criminalidad compleja y las amenazas en el mundo digital, pero aún resta ver cómo se definirá el trámite parlamentario y las posibles modificaciones al texto.