El fiscal Guillermo Marijuan requirió la declaración como imputada de Natasa Loizou, titular de la ANMAC. El Gobierno porteño compró 60 armas a las que aún no pudo acceder.
El fiscal Guillermo Marijuan pidió llamar a declaración indagatoria a Natasa Loizou, la titular de la Agencia NAcional de Materiales Controlados (ANMAC) al considerarla responsable de las trabas administrativas que impidieron el ingreso al país de un lote de 60 pistolas Taser comprado por el Gobierno de la Ciudad.
Y se da luego de que el Ministerio de Justicia -de quien depende la ANMAC, el organismo que controla las armas- apelara hace unos días otro fallo a favor de la Ciudad, con argumentos que excusaban los incumplimientos administrativos en razones de la pandemia y la imposibilidad de gestionar el ingreso por la falta de presencialidad laboral.
La causa federal surgió por la presentación de García Moritán -secundado en la denuncia por Marina Kienast, Yamil Santoro, José Lucas Magioncalda, Juan Martin Fazio y Juan Manuel Otegui Molina- el 16 de febrero pasado y a raíz de declaraciones del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro -actualmente de licencia-.
El funcionario de Horacio Rodríguez Larreta había declarado que el Ejecutivo Nacional negaba arbitrariamente la autorización de importación de armas de baja letalidad por cuestiones “ideológicas”.
Con la investigación delegada en él, el fiscal Marijuan reconstruyó el trámite administrativo y los expedientes de la ANMAC -con innumerables idas y vueltas- relacionados a la compra de «un lote de SESENTA (60) armas electrónicas incapacitantes tiro a tiro, marca Taser, modelo X2, con destino a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires», según la presentación a la que accedió Clarín.
La compra de la Ciudad se produjo en 2021 y el trámite de autorización de importación que se inició el 12 de mayo de ese año. Desde entonces y hasta 2023, el trámite acumuló idas y vueltas de verificaciones y confirmaciones que devinieron en que el fiscal estimara que la funcionaria Loizou incurrió en delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Es que el fiscal tomó testimonios de la empresa proveedora, Buccello y asociados SRL y de su derrotero administrativo que la autorización para las Taser sufrió dentro de distintas direcciones de la ANMAC y durante al menos dos años.